Big data y la ciencia económica

Big Data se define como la masividad de datos producidos por interacciones electrónicas a través de teléfonos celulares, transacciones online o redes sociales. Lleva el nombre de “big” por la enorme cantidad de datos que se generan a partir de las interacciones electrónicas entre personas.

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Big Data implica un enorme volumen de datos sin estructura, siendo el principal reto precisamente, darles una estructura eficiente para usos múltiples. Por ejemplo, usando geolocalización se puede recoger información detallada de los usuarios frecuentes del metro, de una autopista o de un establecimiento. Se pueden realizar encuestas y recopilar datos económicos a través de aplicaciones móviles gratuitas, incluso integrar diversas fuentes de datos en la nube.

Contar con los grandes datos en tiempo real puede reducir dramáticamente las diferencias entre países desarrollados y los que no lo son, reducir las brechas entre ricos y pobres o entre instituciones públicas y privadas, con lo que se mitigaría también los riesgos de violación de los derechos humanos por parte de los gobiernos, porque la información es poder y si ese poder se distribuye equitativamente entre los ciudadanos del mundo, brinda la oportunidad de reducir los costos de los abusos que sufren los más débiles y desinformados, fortaleciendo así las democracias.

Sin embargo, a pesar de estas ventajas que ofrece Big Data, la ciencia económica ha llegado con notorios rezagos a identificar la relevancia de la minería de datos en la medición de impacto de las políticas públicas o el comportamiento de los agentes de la economía, a causa de aquella premisa convencional de la necesidad de usar data confiable y evadir datos espurios para la elaboración de modelos de predicción y comportamiento.

Alberto Cavallo y Rigoberto Rigobon (del MIT), proponen la posibilidad de construir índices de precios, obteniendo datos en sitios de venta online. Es probable que en un futuro no muy lejano no necesitemos la data oficial de los bancos centrales para saber el comportamiento inflacionario de un país, de una ciudad o de una región, por rubro, por sector económico y hasta por componentes. Eso ofrece enormes ventajas para economistas de países como Venezuela, donde los gobiernos privan de datos económicos oficiales a la sociedad civil, presionándola a construir por sus propios métodos los datos de los que carecen.

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